El 8 de marzo del 2013, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell con los votos favorables de la mayoría (excepto el PP que ese abstuvo) una moción tomando posición respecto a la situación de pobreza
energética que padecen centenares de familias en nuestra ciudad e instar a las administraciones a que adoptasen medidas para evitar que cientos de miles de familia se vena privadas de una mínimo confort de acuerdo con lo que establece el artículo 11,1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en vigor tras ser aprobado por las Naciones Unidas desde el 1966 y que desde el 1977 el Estado español forma parte del mismo.
La Federación d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), mantuvo conversaciones con los partidos del consistorio, para que adoptasen un posicionamiento claro sobre esta situación que afecta al 15% de las familias que debido a la crisis económica que nos han metido, no pueden hacerse cargo de suministraos (agua, luz, gas) más elementales.
La Generalitat promulgó una ley que permitía a los usuarios a aplazar el pago de las facturas hasta el periodo comprendido entre los meses de abril y octubre siguientes. No era lo deseable, pero cuanto menos suponía un alivio para esas familias. El PP, lejos de entender que se trataba de una medida beneficioso para las capas más desfavorecidas y que podría ser aplicable a todo el Estado, dando muestra de un desprecio absoluto para con los sectores de la población excluidos, presentó una recurso de inconstitucionalidad que a l postre ha dejado a cientos de familia sin esa posibilidad condenándolas a la pobreza energética. Y una vez más la injerencia y la ineptitud para gestionar un tema tan delicado, echa más leña al fuego fomentando la percepción basada en hechos indiscutibles de que las competencias y decisiones del Parlament quedan en papel mojado por criterios meramente políticos
La FAVS insta a la Generalitat y al ayuntamiento a que elaboren un ceso de familias que se encentran en tan lamentable situación y aporten alternativas para paliar la crueldad que con su decisión les ha infringido el Gobierno del PP.
